Los juristas Ybo René Sánchez Díaz, Manuel Sierra y Valentín Medrano Peña afirmaron que el expediente elaborado por la Procuraduría General de la República contra el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, en el marco del caso Calamar, responde a una persecución política.
Los profesionales advirtieron que el sistema de justicia no debe utilizarse para judicializar la política, ya que esto afecta su credibilidad.
Sánchez Díaz y Sierra señalaron que, tras analizar la acusación, consideran que no existen elementos probatorios que vinculen directamente a Peralta con los hechos imputados para justificar la apertura de un juicio.
Asimismo, explicaron que el Congreso Nacional recibía anualmente los informes de ingresos y egresos, y cuestionaron que el Ministerio Público y el Gobierno central realizaran auditorías internas sin escuchar a las partes afectadas.
Por su parte, Medrano Peña sostuvo que, en el marco de la etapa preliminar del proceso penal, las pruebas deben ser rigurosas, lícitas, pertinentes y directamente vinculantes, por lo que la acumulación de documentos no es suficiente para sostener la imputación.
Citando la doctrina penal, el jurista advirtió sobre el riesgo de aceptar documentos sin valor probatorio real, lo que, a su juicio, deja al ciudadano en estado de indefensión.
Finalmente, los abogados señalaron que el órgano acusador ha desplegado una estrategia comunicacional orientada a generar condenas sociales anticipadas a través de los medios.
Cuestionaron que se mantenga la acusación por estafa contra el Estado dominicano sin que se hayan presentado pruebas concretas que demuestren la participación de Peralta en dicho ilícito, tras asegurar que el proceso fue fabricado por intereses particulares.
