La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que el nuevo Código Procesal Penal fortalece significativamente el régimen de responsabilidad de los servidores públicos y endurece las sanciones contra los actos de corrupción.
La magistrada explicó que una de las principales innovaciones de la nueva legislación es que la corrupción pasa a ser considerada un delito autónomo, lo que permitirá perseguir penalmente cualquier acción u omisión dolosa que afecte el patrimonio público.
Entre las conductas sancionables citó el pago por bienes o servicios no recibidos, la alteración de contratos, la recepción de equipos defectuosos o incompletos, la manipulación de precios en perjuicio del Estado y el uso indebido de fondos públicos.
Reynoso impartió una conferencia sobre las implicaciones del nuevo Código Procesal Penal en el ejercicio de las funciones públicas.
