El abogado Julio Cury aseguró hoy que la Procuraduría General de la República en su “lucha contra la corrupción” se centró en funcionarios peledeístas para tratar de desacreditar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Dijo que como resultado de esa política ha resultado perjudicado el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
“A nadie le cabe duda de que el motor del proceso seguido en contra de José Ramón Peralta fue, y es, la fabricación interesada de culpables en hechos en los que no participó o que nada tienen de penales”, declaró Cury.
“Mi muy estimado José Ramón Peralta ha sido víctima del enfoque asimétrico de la Procuraduría General de la República, centrado en funcionarios peledeístas para inhabilitar moralmente a ese partido frente al electorado”, dijo.
Este próximo viernes, la juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Altagracia Ramírez, tienes previsto emitir su decisión en torno al caso.
En la audiencia preliminar, ocurrida el jueves 29 de enero, la defensa técnica de Peralta sostuvo que el proceso penal seguido en contra de éste, constituye un caso sintomático de degradación del estándar probatorio y de utilización de estrategias comunicacionales orientadas a minar reputacionalmente a los imputados para justificar medidas de coerción y solicitud de auto de apertura a juicio, aún en ausencia de pruebas reales y suficientes.
En la audiencia, la defensa enfatizó que en un estado social, democrático y de derecho, no basta con acumular documentos, cajas de estos o parafernalias mediáticas, como hace el Ministerio Público en ese tipo de procesos, para sostener una imputación penal.
“No se trata de fabricar culpables ni de satisfacer expectativas mediáticas; se trata de imputar únicamente a quienes efectivamente hayan cometido un hecho punible y demostrarlo con pruebas reales, legales y suficientes, lo que sin dudas no parece ser el objetivo de los llamados a ser objetivos con cargo al artículo 170 de la Constitución”, dijeron los abogados defensores.
De igual forma sostuvieron que, la etapa preliminar exige pruebas rigurosas, obtenidas de manera lícita, pertinentes, útiles y directamente vinculantes con los hechos imputados.
