El no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, dos de los principales imputados en el escándalo de corrupción Calamar, se resume como otra lección para la Procuraduría General de la República. Con todo el ruido que se hizo sobre la investigación, que comenzó con la detención y prisión de los encartados, con lo menos que debía contarse era con documentos, y no simples indicios, que evidenciaran de manera irrefutable la participación de los exfuncionarios en la supuesta trama que estafaría al Estado con más de 41 mil millones de pesos.
En la justicia se puede ver de todo. Basta el caso de la juez que condenó por soborno sin identificar a los sobornados. Pero tanto la procuradora Yeni Berenice Reynoso como el director de la Pepca, Wilson Camacho, saben, o deben saber, que los jueces, por las razones que fueren, se agarran de cualquier detallito para justificar decisiones o simplemente se remiten a sus decisiones. La titular del Ministerio Público ha debido tener presente que en el juicio Antipulpo, que ella instrumentó, se excluyó del expediente al exdirector del Fonper, Fernando Rosa, y a la exsubdirectora, Magaly Medina, por supuesta falta de pruebas. Del sometimiento de Rosa ella dijo que se ocuparía personalmente porque eran de Santiago los dos. Antes habían colapsado por las mismas razones los escándalos de Odebrecht y la compra de los aviones Tucano. Lo más simpático es que ambos consorcios brasileños reconocieron sus delitos, pero a la hora de la verdad no se encontraron las pruebas para condenar a nadie.
Los escasos avances en los casos de corrupción han erosionado la confianza de la población en la persecución del delito, sin importar los alardes que han caracterizado las investigaciones contra el flagelo. Ahora, con la exclusión de Castillo y Peralta del juicio de fondo por el caso Calamar, el Ministerio Público ha reaccionado hasta con petulancia al señalar: “Es evidente que la decisión contiene falencias procesales que, incluso, un estudiante de Derecho podría identificar con facilidad”. Y como si además de ignorancia el no ha lugar a favor de los exfuncionarios formara parte de algún plan, la procuradora advirtió no solo que se apelará, sino que jamás se doblegará su voluntad de hacer lo correcto. El mensaje alienta, pero confunde.
A pesar de las exaltaciones de la magistrada, aunque sea su oblibgación, tal vez podría ser clave menos gestos y pruebas más convincentes para avanzar contra los casos de corrupción del pasado y del presente. No son una proeza, aunque se presenten como excepción, los logros alcanzados en la persecución de la corrupción. En todo caso, se reducen a responsabilidades.
